Mientras el Gobierno Nacional profundiza un modelo de retiro estatal bajo una lógica de ajuste que ignora el impacto humano, la provincia de Jujuy -hay que decirlo- consolida un camino de autonomía y presencia territorial para proteger a los sectores más vulnerables.
El contraste es evidente. Mientras en Buenos Aires se utiliza una calculadora de carnicero para recortar servicios esenciales, el gobierno provincial redobla sus esfuerzos para darle un blindaje a la salud y la infraestructura social. Esta diferencia de modelos se manifiesta hoy en decisiones concretas que separan el desinterés centralista del compromiso jujeño con su gente.
La crisis del PAMI en Jujuy es el reflejo más crudo de este abandono nacional, donde la denuncia penal del SAME por desatención de afiliados pone en evidencia un sistema quebrado. Sobre esta situación pesan, además, las graves acusaciones contra el diputado nacional libertario Manuel Quintar, señalado por una gestión en el PAMI local atravesada por irregularidades y sospechas de beneficios a intereses familiares propios.
Ante este vacío nacional, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) emerge, con todas sus falencias, como la única red de contención más grande de la provincia, brindando seguridad a 190.000 afiliados y resolviendo operativamente lo que la Nación ignora, como la distribución de pañales a través de un acuerdo estratégico con 60 farmacias. Asimismo, la obra social provincial trata de sostener un nivel prestacional de excelencia defendiendo el coseguro pactado con colegios, una herramienta que asegura la sustentabilidad del sistema para que el afiliado no quede desamparado ante prácticas de alta complejidad.
En materia de infraestructura y salud, la brecha entre Jujuy y Nación se ensancha con hechos tangibles. Mientras el presidente Milei decreta la parálisis de la obra pública y el cierre de organismos como el ENOHSA, el gobernador Carlos Sadir puso en marcha, con recursos propios, el nuevo acueducto de Huaico, una obra de mil millones de pesos que garantiza agua potable para 350 mil personas.
A esto se suma una inversión histórica -también de casi 1000 millones de pesos- destinada a fortalecer la Atención Primaria de la Salud en el interior y modernizar servicios críticos del Hospital Materno Infantil.
Estas acciones demuestran que, frente al escándalo de las coimas del 3% de Karina Milei en la ANDIS nacional, Jujuy responde con programas reales de inclusión en políticas para personas con discapacidad, y áreas como salud y saneamiento.
Esta claridad política que se refleja en la capacidad de dar respuesta en momentos críticos, no son fruto de la improvisación. Representan la continuidad de un proceso de transformación profunda que Gerardo Morales inició hace una década, devolviendo al Estado jujeño su autoridad y su capacidad de planificación. Esa visión estratégica, que permitió a la provincia no depender de la voluntad discrecional de un poder central ausente, es la que hoy Sadir profundiza con una administración eficiente.
De allí que hoy, en Jujuy, la gestión se mide en edificios, equipamiento y servicios que funcionan, marcando una distancia ética y política con un gobierno nacional que ha decidido mirar para otro lado.