Esta realidad se debe a que la cuenta de sueldos del municipio ya fue embargada por 10 millones de pesos, y estarían al caer otros embargos de aproximadamente 100 millones de pesos, que incluyen costas judiciales, lo que pone en riesgo, no solo los sueldos sino también el normal funcionamiento de los servicios esenciales. Ésta es parte de la deuda que dejó como herencia la anterior gestión de Ricardo Romero y sus funcionarios.
En la jornada del miércoles 25 de marzo se llevó a cabo la Apertura de Sesiones Ordinarias del corriente año, en donde la intendente de Tilcara, Sonia Pérez dio a conocer que:
Durante el primer bimestre del año 2026 el municipio se vio obligado a enfrentar una situación financiera crítica y profundamente preocupante producto de decisiones irresponsables, falta de gestión y una absoluta ausencia de previsión por parte de la administración municipal anterior.
En este periodo se hizo efectivo un embargo sobre la cuenta de sueldos del municipio por un monto cercano a los 10 millones de pesos, poniendo en serio riesgo el cumplimiento de una obligación básica e irrenunciable como es el pago de los salarios de los trabajadores municipales.
A ello se suma la inminencia de otro embargo por aproximadamente 30 millones de pesos, que en cualquier momento podría impactar nuevamente sobre las cuentas municipales, agravando, aún más, el ya delicado escenario financiero.
Asimismo, se ha notificado nuevos embargos por la cuenta de EJESA por un monto estimado de 30 millones de pesos, comprometiendo recursos que deberían estar destinados a garantizar servicios esenciales para la comunidad, afectando directamente el normal funcionamiento del municipio. La suma de estos embargos junto con costas judiciales, intereses acumulados, conforma un pasivo que ronda los cien millones de pesos.
Una suma que refleja con claridad el nivel de desorden, desmanejo y abandono administrativo que dejó la gestión encabezada por el señor Ricardo Romero y sus funcionarios.
Este hecho no es producto de una coyuntura económica adversa, ni de las circunstancias imprevistas, sino de las consecuencias directas de una conducta negligente, de la falta de decisiones oportunas y de una desidia absoluta en la defensa de los intereses del municipio, que hoy la obligan a la actual gestión a destinar recursos escasos para resolver conflictos que nunca debieron llegar a este punto.
La actual administración municipal ha asumido el gobierno con la firme decisión de hacerse cargo de esta pesada herencia. Ordenar las cuentas públicas, enfrentar las obligaciones judiciales, reconstruir la credibilidad institucional, aún, cuando ello implique tomar decisiones difíciles en un contexto de extrema restricción financiera.
Nuestro compromiso es claro, defender el patrimonio municipal, garantizar el derecho de los trabajadores y asegurar la continuidad de los servicios esenciales, al mismo tiempo que se trabaja para que nunca más la improvisación y la irresponsabilidad política vuelvan a poner en jaque el futuro de nuestro municipio.