La razón es simple, la ordenanza solo intima al Ejecutivo municipal a hacer efectivo el pago de los sueldos, pero no resguarda los fondos coparticipables para poder realizar el pago correspondiente. Lo lógico y acertado hubiera sido que sancionaran una ordenanza, para blindar los fondos de coparticipación y tasas municipales que van destinados a los sueldos, como se hizo en un momento sobre el Hotel de Turismo. Una vez más, llamativamente los actuales concejales de Tilcara apuntaron contra la intendente Sonia Pérez en vez de buscar una solución que garantice el normal funcionamiento del municipio.
La ordenanza en cuestión es la N°67/2025 referida al “Blindaje de fondos salariales, salarios familiares y aportes del personal municipal”, sancionada por el Concejo Deliberante de Tilcara el 16 de diciembre de 2025, de la cual el Dr. Benavídez, asesor legal del municipio, mencionó que “hay una ordenanza que habla de un blindaje, pero eso refiere exclusivamente al cumplimiento a rajatabla, dándole prioridad al cobro de los sueldos”. Agregando que expresamente “se le dice a la intendente, que en 24 horas tiene que pagar o hacer efectivo el pago de los haberes”.
Indicando a su vez que “Lo ideal hubiera sido que se saque una ordenanza en ese sentido, blindando todo lo que es coparticipación y lo que es impuestos municipal”, porque “como todos sabemos el cien por ciento de esos conceptos van para el pago de sueldos”. Puntualizando que “un embargo que entra y que reduce la recaudación afecta el pago de los sueldos en forma directa, entonces eso era lo que se necesitaba”, refrendó.
Un accionar poco entendible por parte de los concejales que ya sabían de la situación, puesto que era de público conocimiento los malos manejos de la anterior gestión que podían determinar tarde o temprano la situación crítica a la que se enfrenta el municipio tilcareño actualmente. Un preaviso de ello fue cuando se hizo la ordenanza para resguardar al Hotel de Turismo como un bien patrimonial inembargable. Entonces ya desde ese momento se veía venir una situación complicada.
Solo desde el ejecutivo municipal “Se ha procurado a través del dictado del decreto acuerdo 01/24 blindar en cierta forma la coparticipación y aquellos recursos que corresponden a la municipalidad”, dio a conocer el Dr. Benavídez, algo que no fue acompañado por los concejales en su momento. Ahora lamentablemente “ya la justicia se ha expedido de manera contraria”, acotó y explicó que las razones son por “el tiempo transcurrido” y porque “tampoco en la gestión anterior se dio cuenta del cumplimiento de las leyes 5320 y 5300 que indicaban un procedimiento especial, es decir, ante una deuda que se reclama habría que haberla conceptualizado y remitido al Concejo Deliberante para que haga la previsión presupuestaria”.
Argumentando además que “no se puede decir ante una deuda que se reclama judicialmente que va a ser impaga y dejarla impaga de por vida, sino que tiene que presentar un proyecto de pago a través de una ordenanza municipal e incluirla dentro de un gasto dentro del presupuesto municipal. Entonces ahí como que no se desentiende del pago el municipio y lo hace de manera programada y de manera previsible, pero eso no sucedió, nunca se presentó ese proyecto y nunca se cumplió con estas leyes”, finalizó.
Párrafo aparte la pregunta es, si los concejales en uno de sus considerando, que sirven como argumento de la ordenanza sobre el “Blindaje de fondos salariales, salarios familiares y aportes del personal municipal”, exponen: “Que el salario del trabajador municipal reviste carácter alimentario, constituyendo el sustento directo del trabajador y de su grupo familiar”, entonces, ¿Por qué no sancionaron una ordenanza para blindar los fondos de coparticipación y aquellos impuestos municipales que garantizan el pago de los sueldos?
Si ya sabían de antemano la situación a la que estaba expuesto el municipio, puesto que, la misma intendente, en la apertura de sesiones del 2024 había dado a conocer públicamente que ya estaba haciendo frente a algunos embargos pero que había juicios más grandes en proceso.
Entonces es ¿omisión, error, falta de conocimiento o hay intereses personales de por medio? Lo que sí queda claro es que, hasta que la justicia dictaminó los embargos millonarios hubo tiempo para hacer algo que resguardara las arcas municipales y por ende garantizara el normal funcionamiento del municipio. Una tarea que competía exclusivamente a los concejales y que no hicieron o tal vez no quisieron hacer. Un interrogante más que los representantes del pueblo deberán responder.