Durante años, en la Quebrada de Humahuaca y en gran parte de Jujuy, hubo temas de los que no se hablaba. No porque no existieran, sino porque el miedo había ganado terreno. La toma de tierras, las amenazas, las patotas, los castigos ejemplificadores y el maltrato sistemático a quienes no obedecían formaban parte de una realidad conocida, pero silenciada. La detención de Milagro Sala, el 16 de enero de 2016, marcó un antes y un después: no resolvió todos los problemas, pero rompió el cerco de impunidad que hacía imposible cualquier reconstrucción institucional.
Puntualmente en Humahuaca, el recuerdo de la invasión de organizaciones vinculadas a la red que comandaba Sala sigue siendo particularmente doloroso. La ocupación de tierras comunitarias y privadas en 2012 no fue un conflicto aislado, sino parte de un método: avanzar, imponer, intimidar. Vecinos que se resistieron recuerdan presiones constantes, amenazas directas y la irrupción violenta de grupos organizados. La disputa por el territorio se transformó en un ejercicio de poder sin reglas, donde la ley quedaba relegada y la fuerza dominaba sobre la convivencia pacífica.
Ese mismo esquema se replicó en otros puntos de la provincia como en Capital o Calilegua, por citar solo dos ejemplos. La Tupac Amaru ejercía sin tapujo el control social, administración de planes, reparto de alimentos, asignación de viviendas. El mensaje era claro y brutal: quien obedecía, accedía; quien cuestionaba, quedaba afuera. La asistencia social dejó de ser un derecho y pasó a ser un instrumento de disciplinamiento.
Los testimonios reunidos con posterioridad -muchos de ellos recogidos en investigaciones periodísticas y documentales- describen un clima de miedo estructural. Personas que relatan haber sufrido golpes, humillaciones y castigos físicos como forma de “corrección”. Espacios cerrados donde se aplicaban tormentos, sesiones de escarnio público, amenazas constantes. No todos estos hechos llegaron a la Justicia. No porque no fueran graves, sino porque denunciar significaba exponerse a represalias en un contexto donde la protección institucional era débil o inexistente.
Particularmente perturbadores son los relatos sobre maltrato hacia menores y situaciones de violencia dentro de ámbitos que, en teoría, debían ser de cuidado y contención. También los testimonios de exclusión social: familias desalojadas de viviendas sociales, planes quitados como castigo, denuncias falsas utilizadas para disciplinar. Todo eso formó parte de un sistema que operó durante años bajo la lógica del poder absoluto.
La muerte del “Pato” Condorí hoy es una herida abierta vinculada a episodios de violencia extrema en el marco de ocupaciones ilegales. La memoria colectiva recuerda esos hechos como parte de un tiempo donde la vida cotidiana estaba atravesada por la tensión y el temor. Más allá de las responsabilidades penales que la Justicia haya determinado o no, el daño social fue real y profundo.
Ese daño se sostuvo en un clima de impunidad. Durante años circularon relatos de hechos gravísimos que nunca fueron denunciados ni investigados: muertes dudosas, accidentes encubiertos, abusos silenciados. No como afirmaciones judiciales, sino como expresiones de una sociedad que no encontraba canales para hablar. El miedo y la dependencia económica funcionaron como barreras infranqueables para la verdad.
La detención de Milagro Sala –hace 10 años- quebró ese esquema. Por primera vez, una estructura de poder informal, violenta y con enorme capacidad económica quedó sometida a la Justicia. La causa conocida como Pibes Villeros acreditó judicialmente la existencia de una asociación ilícita y maniobras de fraude con fondos públicos. Hubo condenas firmes. Hubo también una condena por amenazas. Y en consecuencia hubo una pena única unificada de 15 años que quedó firme en 2025. Asociación ilícita, fraude, extorsión y amenazas: delitos juzgados y sentenciados.
Ese límite permitió que el Estado recuperara funciones básicas. La asistencia social volvió a gestionarse desde organismos públicos. Se terminó la intermediación coercitiva. Se restableció la libre circulación y se puso fin a los cortes sistemáticos como método de presión. La política volvió a discutirse en el ámbito institucional y no bajo amenaza.
A partir de ese quiebre, el gobierno encabezado por Gerardo Morales pudo avanzar en transformaciones que antes eran impensables: orden, paz social, inversión, obra pública transparente y fortalecimiento del Estado de Derecho. No se trató de borrar el pasado, sino de ponerle un límite para que no se repitiera.
En Humahuaca, como en otros pueblos de la Quebrada, ese cambio se sintió en la vida diaria. Menos miedo, más previsibilidad. Menos imposición, un poco más de institucionalidad. No fue automático ni perfecto, pero fue real.
A diez años de aquel 16 de enero, el debate no debería girar en torno a consignas simplificadoras. La pregunta de fondo es otra: ¿qué tipo de provincia quiere ser Jujuy? La experiencia dejó una enseñanza clara. Cuando el poder se ejerce sin controles, el daño social se multiplica. Cuando la Justicia pone un límite, se abre la posibilidad de reconstruir.